Gobiernos y ONG repudiaron la sentencia contra el dirigente opositor, que recibió casi 14 años de cárcel; silencio de líderes políticos sudamericanos.

No hubo absolución, atenuantes, rebaja de sentencia ni figura jurídica que salvara de la cárcel al líder opositor venezolano Leopoldo López, condenado anteanoche a casi 14 años de cárcel por el gobierno de Nicolás Maduro. Tampoco hubo atenuantes, ayer, a la hora de condenar lo que líderes políticos y de derechos humanos de varias regiones calificaron como un juicio injusto y una sentencia infundada que, al decir de Felipe González, hacen del país “una dictadura de facto”. Entre los gobiernos sudamericanos, sin embargo, prevaleció el silencio.

 

López, de 44 años y uno de los líderes más prominentes de la oposición venezolana, fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas por instigación pública, asociación para delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública durante las violentas protestas en Caracas de febrero del año pasado.

 

Esos enfrentamientos de estudiantes y opositores con las fuerzas de seguridad y grupos de choque chavistas dejaron 44 muertos y cientos de heridos. Junto a López fueron sentenciados otros tres opositores.

 

Fue González, el ex presidente del gobierno español, quien más elevó la voz al denunciar ayer que “Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto”; es un país donde “el presidente decide por el Parlamento y por la Justicia”.

 

Tampoco las principales organizaciones de derechos humanos no se quedaron atrás y expresaron su repudio a una condena que Venezuela, en su defensa, pidió respetar por ser una decisión soberana.

 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, se mostró consternado por la que definió como “dura” e “injusta” condena al líder del partido Voluntad Popular, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde hace 19 meses, donde denunció maltratos y se sometió a una huelga de hambre.

 

“Estamos preocupados por el derecho de López a un juicio justo, dada la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa, y los comentarios contra él expresados por altas instancias del gobierno de Venezuela”, dijo Colville.

 

En la misma línea se expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien señaló que este caso “es una farsa”. “En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”, agregó.

 

También Amnistía Internacional denunció la “absoluta falta de independencia judicial” de Venezuela.

 

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, manifestó su preocupación por la “naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno”.

 

Poco después, en rueda de prensa, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, insistió en que López y “todos los presos políticos injustamente encarcelados” en Venezuela deben ser liberados.

 

La crítica norteamericana caló hondo en el gobierno de Maduro, que basa su discurso de poder en el nacionalismo antiimperialista.

 

La canciller Delcy Rodríguez respondió vía Twitter que, con sus reproches Estados Unidos, “ha pateado los tímidos pasos” para regularizar sus relaciones diplomáticas, y le exigió “no entrometerse”.