La Corte Suprema dará su sentencia en el caso “García”. Debe resolver también sobre un amparo colectivo por el cálculo de la movilidad.

La Corte Suprema de Justicia definirá el próximo 26 de marzo si las jubilaciones deben o no pagar el Impuesto a las Ganancias, uno de los temas de alto voltaje político que tiene en su agenda inmediata.

 

Para resolver sobre “la aplicabilidad del Impuesto a las Ganancias sobre a las jubilaciones y pensiones”, la Corte escogió el caso “García” como representativo del universo de jubilados sobre los que impactará la decisión.

 

También debe resolver sobre un amparo colectivo que había sido adelantado por este diario el año pasado, sobre el reconocimiento de una acción de clase arrastrada desde 2009 por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006.

 

Podría ser un nuevo mazazo al Gobierno si se dispone el ajuste de movilidad en los términos del icónico precedente “Badaro”.

 

Si bien la Corte solo fallará sobre el caso “García”, será amplificado a un universo mucho más amplio, uno de los objetivos de los dos expedientes previsionales que agendó la Corte en su cronograma de primer semestre. A mano alzada, la ANSES calcula que tributan el impuesto unos 300.000 pasivos, de ingresos más altos y se persignan ante el costo fiscal que tendría una decisión adversa. En los casos analizados por la Corte, aparece también un componente de impacto económico sobre cada uno de los haberes por el descuento. Una definición en torno a esta demanda fijará precedente “cascada” en tribunales inferiores.

 

Pero también significará trazar una línea jurisprudencial sobre la aplicabilidad de ese impuesto en términos conceptuales a la clase pasiva. “Uno y uno”, hacen sus apuestas en despachos oficiales sobre el resultado de los dos litigios –a favor del Gobierno y en contra en términos fiscales-, contabilizando el que podría cerrar el ciclo de fallos con un amparo colectivo arrastrado de 2009 por el cálculo de movilidad entre el período 2006-2008. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales piensan más en caminos intermedios antes que en posturas binarias.