En su reunión de acuerdos, la Corte Suprema definió que el próximo viernes 22 definirá la validez de la enmienda constitucional impulsada por el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y un planteo similar pero contra la candidatura del actual gobernador de Río negro Alberto Weretilneck.

En su acuerdo de hoy, la Corte tomó también acción en dos causas con impacto político que son miradas por oficialismo y oposición. Como adelantó Ámbito Financiero, el máximo Tribunal prevé para el 22 de este mes una definición sobre la reelección del gobernador riojano Sergio Casas. De todas formas, reenvió el informe de la fiscalía de estado provincial a la Procuración General para que tome vista de las 500 fojas de anexos, más allá de que ya se había pronunciado porque la Corte no tome el caso.

 

Pero también, con fecha de definición para el mismo día, giró el planteo del kirchnerismo rionegrino contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia que validó la candidatura de Alberto Weretilneck para un nuevo mandato. El gobernador había tenido un revés por parte del Tribunal Electoral que después fue zanjado por el máximo tribunal provincial. En este caso, no medió una reforma constitucional como en La Rioja, sino que hubo interpretación de ese texto.

 

Los cinco ministros le impusieron un plazo perentorio a la Procuración para la respuesta: hasta el jueves próximo. Son casos análogos entre sí por las interpretaciones de la constitución local que ambos mandatarios hicieron para garantizarse continuidad.

 

El fallo de La Rioja fue pospuesto tres días de la fecha original, 19 de marzo, con el objetivo consensuado entre los ministros, de que tenga resolución simultánea con el de Río Negro. Los planteos contra las candidaturas por vulnerar pautas constitucionales son análogos.

 

Ambos gobernadores esperan sin Plan B con los tiempos electorales muy ajustados.

 

La Corte, como adelantó Ámbito Financiero, le remitió a la Procuración General el caso Río Negro y le fijó un plazo perentorio. No hizo falta: ayer devolvió las actuaciones dictaminando que no había “competencia originaria” de la Corte y que era una cuestión interna de interpretación de leyes provinciales. Sin titubear, la Corte, como con el caso riojano, volvió a ignorar esa postura y decretó horas después la competencia originaria para entender en ese dilema sobre eventual vulneración de los derechos constitucionales que está en juego. Esa declaración fue firmada por cuatro miembros. Carlos Rosenkrantz no firmó y podrá expedirse al momento de la sentencia. En ese detalle, en apariencia nimio, puede leerse la actual lógica de la Corte, donde, en lo que respecta a coordinación, el trinomio conformado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ha fichado en las últimas semanas a Elena Highton de Nolasco en sus filas. Esto no implica compartir votos en los fallos, sino confluir en un esquema de funcionamiento del máximo tribunal que arroja como resultado el aislamiento administrativo de Rosenkrantz. Los casos La Rioja y Río Negro funcionan como espejo -y los candidatos, sin Plan B- apuestan todo a la decisión del 22. Parecen no haber tomado nota de varios elementos que debieran haber hecho sonar las alarmas en los búnkeres de campaña.

 

Madura también, como informó este diario, el llamado a audiencias públicas para los casos de la petrolera Axion contra el municipio de Quilmes por el cobro de tasas municipales que cuenta con 40 amicus presentados por intendentes de variado pelaje ideológico. Será la primera, en abril. La segunda se colará en la agenda: la Corte convocará a audiencia pública para mayo para discutir la validez del decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que eliminó el Fondo Sojero. Seis provincias litigan por la restitución de esos fondos que dejaron de percibir: Catamarca, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero y Formosa han unificado sendos recursos extraordinarios. Hay otra más en carpeta relacionada a un caso de consumo y vinculada a un supermercado, recién para julio. Más allá de la “performance” que implican las audiencias, los jueces están pensando en hacer audiencias “privadas” complementarias para intentar llegar a un acuerdo, sobre todo en cuestiones con impacto fiscal relevante.