La investigación del envío de armas a Bolivia bajo la gestión Macri avanzará.

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en el expediente.

 

Según indican fuentes judiciales, el magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

 

Incluso, el juez reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte «de inmediato» el original de la carta que figura como recibida » en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019″.

 

Además, pidió que informe «con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada».

 

Y, en este contexto, solicitó que Cancillería «remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019» y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.

 

La noticia llega el mismo día que el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de «tráfico ilícito de municiones», un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

 

Allí confirmó además que en noviembre de 2019 «ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros» a Bolivia, y se informó que ya se han «se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía» que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.