La Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUP) y sus sindicatos afiliados declararon el “estado de huelga nacional” en protesta por las “amenazas del Gobierno” de una posible privatización de Petrobras.

Entrar en estado de huelga significa, de acuerdo con las normas sindicales brasileñas, que los trabajadores de Petrobras, en su mayoría afiliados a la FUP, están desde ya en alerta para alzarse de brazos si el Gobierno decide quitarle el control del Estado a la petrolera.

 

“Esto significa que, si el presidente Jair Bolsonaro tiene la osadía de presentar al Congreso Nacional el proyecto de ley que prevé la venta de la empresa estatal, ya está señalada la realización de uno de los paros más fuertes en la historia del sector”, señaló Deyvid Bacelar, coordinador general de la (FUP).

 

Según una encuesta del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), mencionada por la organización sindical, de marzo de 2015 a noviembre de 2021 Petrobras vendió 78 activos, 70 en Brasil y ocho en el exterior.
De este monto, el 76 % se vendió durante el Gobierno de Bolsonaro, por un total 152.000 millones de reales (unos 26 mil millones de dólares).

 

“Estas ventas reflejan la voluntad del actual Gobierno de destruir Petrobras, activos brasileños, a precio de ganga”, señaló el dirigente sindical.

 

La empresa estatal petrolera atribuyó la venta de buena parte de sus activos, al plan estratégico de la compañía que busca reducir la deuda y concentrar su trabajo en las codiciadas áreas marinas del presal, el horizonte de explotación que está por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor y cuyas gigantescas reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo.

 

La idea de privatizar Petrobras empezó a tomar fuerza desde octubre pasado debido a las fuertes críticas que el Gobierno viene recibiendo por las continuas alzas del precio de los combustibles.

 

Bolsonaro manifestó varias veces sus “ganas” de vender Petrobras, un deseo compartido por su ministro de Economía, Paulo Guedes, quien ya ha mencionado que el Gobierno considera vender parte de su participación de control en la estatal petrolera para financiar programas sociales a familias en condiciones de vulnerabilidad.

 

Bolsonaro, en el poder desde enero de 2019, se mostraba hasta ese momento contrario a la privatización de Petrobras -que es controlada por el Estado pero tiene acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid- al considerarla “estratégica” para el país.

 

Pero ahora, a un año de las elecciones presidenciales con la sombra de Lula proyectada en el horizonte, el líder ultraderechista percibe que su popularidad cae continuamente, en medio de los aumentos de la energía eléctrica, el gas y los combustibles, que dispararon la inflación. En noviembre subió un 0,95 % en y acumuló un 10,74 % en los últimos doce meses, la mayor tasa interanual desde noviembre de 2003.