Los abogados defensores de la causa Vialidad están trabajan actualmente e intentarán probar que «la fiscalía mintió al recortar la prueba producida en el expediente».

A su vez atacarán las calificaciones elegidas para pedir la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados por el supuesto direccionamiento de licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

 

La expresidenta no descarta pedir que, por su condición de abogada, se le permita hacer uso de la palabra para ejercer como «defensora en causa propia». Son doce los imputados, y sus abogados están trabajando cada uno por separado en la estrategia de sus representados pero también comparten información en especial cuando detectan elementos que pueden ser útiles a la defensa del otro, a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, explicaron fuentes judiciales.

 

El cuestionamiento a la calificación elegida por los fiscales a la hora de acusar será unánime, es decir, la figura de la asociación ilícita, que hace referencia a una «banda tres o más personas destinada a cometer delitos», fue creada para perseguir guerrilleros, es cuestionada a nivel nacional e internacional, y en este caso los fiscales Luciani y Mola la utilizaron para definir el funcionamiento de ese Gobierno.

 

«La asociación ilícita es una construcción imaginaria que desnuda la falta de pruebas. Como no pudieron acreditar los delitos recurrieron a la figura de la banda que se reúne para delinquir, pero acá no hubo asociación criminal sino actos de gobierno en un contexto en el que funcionó el Congreso y todos los organismos de control», explicó una de las fuentes legales consultadas por Telam.

 

Respecto a las obras y a los trámites en particular, cada defensor apuntará a desarticular los hechos que se le imputan a su defendido, por lo que es muy probable que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner responda desde una óptica presidencial, que sería la presupuestaria, mientras tanto la del empresario Lázaro Báez tomaría más tiempo en repasar en particular las 51 obras públicas viales cuestionadas.