Federico Delgado pidió las indagatorias de los ex funcionarios y del actual secretario de Finanzas.

El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a indagatoria de Luis Caputo y Mario Quintana, ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y del actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en el canje de la deuda pública.

 

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Delgado entendió que los funcionarios dispusieron la emisión de deuda pública cuando tenían intereses personales en juego. En el caso de Caputo -ex ministro de Finanzas y ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA)– trabajó en los bancos “J.P. Morgan” y “Deutsche Bank” que fueron los elegidos de manera directa para intervenir en el canje de deuda.

 

En tanto, sobre Quintana y Bausili la Fiscalía sostuvo que mantuvieron títulos de deuda mientras tomaron decisiones financieras desde sus cargos de Estado.

 

Los pedidos de indagatoria deben ser resueltos por el juez federal Sebastián Casanello, quién debe decidir si convoca a Bausili, Quintana y Caputo a declarar como acusados.

 

En su dictamen, el fiscal Delgado señaló que Quintana tuvo BONAR, Basulli LETES y Lebacs y Caputo Lebacs y analizó los antecedentes laborales de cada uno de ellos.

 

“La biografía laboral de los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado, el impacto de su trabajo en el sector público y en el privado nos permite arribar a las primeras conclusiones. De ellas surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”, sostuvo Delgado.

 

Y agregó: “Algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar”.

 

El fiscal entendió que Bausili, Quintana y Caputo cometieron el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas que tiene una pena de uno a seis años de prisión.