El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, intimó al Gobierno para que fundamente las razones de la firma de los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales redujo el IVA a los alimentos y elevó la suma no imponible del Impuesto a las Ganancias.

El magistrado, que a su vez indaga una presunta red de espionaje ilegal bajo el nombre del caso D´Alessio, le dio un plazo de tres días a la Casa Rosada para que argumente la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 561 y 567. Vale recordar que estas decisiones formaron parte de paquete de medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de aliviar la situación de los argentinos después de la devaluación del 12 de agosto.

 

Por otro lado, en el marco del expediente que investiga la supuesta red de espionaje ilegal, en la que están involucrados fiscales, políticos y periodistas, Ramos Padilla le informó al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que abrió un legajo aparte para determinar si las comunicaciones telefónicas del periodista de Clarín, Daniel Santoro, están resguardas por el secreto periodístico consagrado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

 

El juez, en una nota, informó que no le pidió al periodista el nombre de sus fuentes, pero sí que tiene un informe de Telefónica con sus llamadas entrantes y salientes de los últimos tres años que, hasta ahora, mantiene en reserva. El periodista, con el respaldo de entidades como FOPEA, ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo, sostuvo que sus comunicaciones están protegidas por el secreto profesional