Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la actualización del Protocolo para la interrupción legal del embarazo, que se encontraba vigente desde 2015; no obstante, horas después el mismo fue anulado, y Alfredo Rubinstein solo se salvó de ser despedido, por lo poco que queda para que termine la gestión.

Desde la Casa Rosada, criticaron al funcionario y aseguraron que se cortó sólo; por lo que Mauricio Macri decidió anularlo; lo que fue ejecutado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien fue designada por el Presidente para dar de baja el protocolo publicado hoy en el Boletín Oficial.

 

En el texto se establecían las condiciones para acceder al procedimiento, que se define como “sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas”.

 

La Resolución 3158/2019, ahora anulada, detallaba el alcance del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Actualización 2019”, estableciendo que busca “promover el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación y/o de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste se encuadre en las causales previstas”. Esta se limitan a motivos de salud (en una definición integral) o que la concepción se haya dado como producto de una violación.

 

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Según la resolución, el procedimiento legal de interrupción del embarazo debía cumplirse “bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.

 

En la elaboración del texto participaron referentas del feminismo como la abogada Nelly Minyersky , la médica Diana Galimberti y la socióloga Virginia Franganillo. El texto establece, además, que “los derechos sexuales y los derechos reproductivos están garantizados en nuestro país por un amplio marco legal que tiene como base la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, como pilares fundamentales sobre los que se apoyan las leyes nacionales y provinciales”.