Hotesur, dueña del Alto Calafate, publicó su nuevo directorio en el Boletín Oficial. Aparecen los hijos, la hermana, la sobrina y la nuera de la Presidenta. Y surgen nuevas irregularidades.

Por primera vez en una década de poder y negocios, los familiares directos de Cristina Fernández de Kirchner aparecen vinculados de modo explícito con una de sus empresas más polémicas, la sociedad Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate. La Justicia investiga a esa compañía para saber si se usó para lavar dinero, entre otros posibles delitos de corrupción. El lunes pasado, se publicó en el boletín oficial un cambio de directores de esa firma K: sus flamantes integrantes pasaron a ser los hijos de la Presidenta, Máximo y Florencia; su nuera, Rocío García; su hermana, Giselle; una de sus sobrinas, Romina Mercado; y uno de los socios de su primogénito, Carlos Sancho. 

Los Kirchner reconocen ser los accionistas mayoritarios del hotel Alto Calafate, pero ahora se sabe por documentos de acceso público que varios de ellos se involucraron directamente en la toma de decisiones administrativas en ese negocio investigado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El expediente judicial del caso Hotesur empezó después de que canal 13 y Clarín denunciaron que la empresa funcionaba de modo irregular: la sociedad había registrado ante el Estado una sede en un domicilio en la que en realidad no había nada; tampoco inscribía a sus autoridades; y debía la presentación de sus últimos balances contables, entre otras cosas más.

Aunque ante la opinión pública la Presidenta y sus funcionarios criticaron la difusión mediática de esas cuestiones, ahora Hotesur evidenció que está intentando emprolijar sus incumplimientos. 

Aun así, la información difundida esta semana por la empresa abre nuevas sospechas y pistas que serán tomadas en cuenta por los investigadores de la Justicia.

La actualización del directorio de Hotesur se público el lunes 22, pero el texto asegura que esas medidas se tomaron meses atrás, el 26 de marzo del 2014.

El escrito registra como presidente de la empresa a Romina Mercado, una de las hijas de Alicia Kirchner.

Y agrega que las dos directoras titulares pasaron a ser la hermana de Cristina, Giselle Fernández; y también su nuera, Rocía García, funcionaria del ministerio de Salud. Ninguna de ellas tiene experiencia en comercios hoteleros.

Los hijos presidenciales, Máximo y Florencia, aparecen como directores suplentes, igual que uno de los socios del primero, Carlos Sancho.

Según Hotesur, estas nuevas autoridades reemplazan a otras a las que se les venció el mandato.

Con todo, los Kirchner siguen dejando dudas sobre el funcionamiento de su compañía.

Ocurre que el texto del Boletín Oficial asegura que el directorio anterior estableció que la sede social de la firma funcionaría en la avenida Leandro N. Alem 530 piso 3, Capital Federal. Y determina que las nuevas autoridades “constituyen” domicilio en Alem 1080 piso 3. 

Al contrario de lo que indican las normas, no se informó en qué lugar se realizó la asamblea en la que se renovó la cúpula de Hotesur: allí tendrían que haber estado sus accionistas, como la Presidenta.

Hasta ahora, la única sede inscripta por Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) era una dirección en la que no funcionaba, la calle Lavalle 975 piso 4, de Capital Federal. 
Cuando la Justicia allanó el lugar, la propia empresa K emitió un comunicado en el que aseguró que en marzo del 2010 su “domicilio legal” se había trasladado a Santa Cruz. En el 2012, sin embargo, la misma compañía volvió a declarar ante la IGJ que su sede quedaba en las oficinas “fantasmas” de Lavalle. 

Ahora los Kirchner se enredaron en una nueva contradicción: dijeron que Hotesur se había trasladado a Santa Cruz, pero el boletín oficial dice que en marzo del 2014 la sede quedaba en Alem 530. 

Hasta fines del 2013, el hotel Hotesur-Alto Calafate era administrado por Lázaro Báez. El fiscal del caso de “La Ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuán, acaba de pedir la declaración indagatoria para el empresario. Lo investiga por lavado de dinero. Lo mismo pasa en tribunales de Suiza, los Estados Unidos y Uruguay.