El compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de llevar el déficit fiscal de 2019 a 1,3% del PBI implicará para el gobierno de Mauricio Macri la necesidad de llevar adelante una serie de profundos recortes en los gastos del Estado.

Pero la idea del Gobierno nacional es compartir el ajuste de 300 mil millones de pesos con las provincias. Los líderes provinciales exigen que Buenos Aires asuma la mayor parte de la carga.

 

Si bien al momento de la firma del acuerdo con el FMI para la línea de crédito especial de 50 mil millones de dólares el ajuste previsto para llegar al objetivo de reducción del déficit fiscal era de 220 mil millones de pesos, luego la inflación desatada en los últimos meses y el aumento vinculado para las jubilaciones, pensiones y planes sociales llevaron el objetivo de recorte ni más ni menos que a 300 mil millones. Según fuentes oficiales, el objetivo oficial es que el reparto se haga de manera “equitativa” entre Nación y provincias.

 

Para avanzar en ese plan, primero con los distritos gobernados por Cambiemos, ya esta semana el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el de Interior Rogelio Frigerio tuvieron un encuentro con los ministros de Economía de Buenos Aires, CABA, Mendoza, Corrientes y Salta. La próxima semana se prevé que Frigerio y el Jefe de Gabinete Marcos Peña convoquen a los gobernadores “en grupos”, yendo de los más cercanos a los más difíciles, para avanzar en las complicadas negociaciones de ajuste, que claramente plantearán un enfriamiento económico en sus distritos, lo que conspira contra las aspiraciones electorales de muchos de ellos. Este jueves hasta el radical jujeño Gerardo Morales manifestó su disconformidad con el plan de avanzar con un ajuste en medio de una situación económica recesiva.

 

Desde el Gobierno se manifiestan esperanzados con el curso de las negociaciones y destacan que los fondos coparticipables crecerán también en unos 150 mil millones de pesos en 2019, gracias al acuerdo para cumplir con el fallo de la Corte que ordena devolver a las provincias el 15% que retenía de los fondos de la ANSeS.

 

La mayoría de los gobernadores ya dejaron claro que esperan que sea la provincia de Buenos Aires, una de las más beneficiadas durante los últimos dos años, quien asuma la mayor parte de la carga. Allí se ponen en juego la más reciente victoria de la gobernadora María Eugenia Vidal con la recuperación del Fondo del Conurbano, que en 2018 implicó un ingreso extra de 40 mil millones para la provincia y que 2019 llegaría a los 65 mil millones. Desde Buenos Aires replican que si bien es cierto que su distrito es el que recibe más fondos, también es el que genera la mayor parte de la riqueza del país. Por el momento, parecen avanzadas las negociaciones para que la provincia se haga cargo de los subsidios a la energía eléctrica y al transporte que estaba asumiendo Nación, mientras se avanza con la negociación por AySA.

 

Las reuniones con diputados, senadores, gobernadores y ministros de Economía provinciales se multiplicarán a partir de la próxima semana, en vista de avanzar en lo que desde el oficialismo se define como “un gran acuerdo para el desarrollo”, que, más allá de la redistribución del ajuste, se propone avanzar con acuerdos en el reparto de los programas sociales, los proyectos público-privados, el esquema impositivo y la economía en general.