A medida que avanzan las negociaciones se van aclarando los detalles acerca del acuerdo que ambas partes podrían lograr.

Según trascendidos, el préstamo que otorgaría el FMI al país sería un “stand-by de carácter excepcional” (del mismo tipo del 2001), por un monto cercano a los U$S 30.000 millones de dólares.

 

El organismo explica en su página web que este tipo préstamo usualmente tiene un plazo flexible de entre 12 y 24 meses, con la posibilidad de extenderlo a 36. Además, permite que el monto sea superior al límite establecido según cada caso, que en el argentino es de aproximadamente unos U$S 20.000 millones de dólares.

 

El desembolso de las cuotas del préstamo está sujeto en la medida que el país cumpla con los objetivos impuestos por parte del organismo internacional. Es que la naturaleza excepcional de este tipo de préstamo tiene una contrapartida: la fuerte injerencia y un mayor control de las políticas públicas nacionales por parte del Fondo.

 

Más allá del hermetismo en el que se están dando las negociaciones en el país norteamericano, en el último reporte sobre la situación económica argentina hecho por funcionarios del FMI en diciembre de 2017, se dejan vislumbrar las medidas que podría pedir el Fondo como condicionamiento a la entrega del préstamo.

 

Si bien da el visto bueno por la política monetaria y las reformas adoptadas por el gobierno macriísta (como la previsional, la tributaria y la laboral, próxima a ser tratada en el Congreso), desde el FMI sostienen que todavía queda camino para reducir el gasto público, especialmente en aquellas áreas en las que han aumentado considerablemente el gasto en los últimos años, principalmente salarios, jubilaciones y subsidios sociales.

 

Para ello proponen bajar al gasto público haciendo eje en reducir el empleo público y la asistencia social, tanto a nivel nacional como provincial, y también la reducción de transferencias a las provincias y a las empresas del Estado. No conforme con el cambio de indexación en los haberes previsionales de principio de año, proponen introducir una nueva reforma previsional que constituya un modelo mixto donde convivan el sistema público de reparto junto con uno privado de capitalización individual. Es decir, lisa y llanamente, la vuelta de las AFJP.

 

Además plantean que hay una necesidad de reducir las barreras al comercio y la inversión extranjera. Para esto creen que es necesario la reducción de las tarifas para la entrada de productos importados y la reducción al mínimo de las licencias no automáticas para la importación.

 

En conferencia de prensa el Ministro Dujovne dejó en claro que el FMI no es el mismo que el de hace 20 años atrás. Si los condicionamientos siguen la línea del último informe del organismo internacional, no estaría en lo correcto.