El ex presidente y actual senador era investigado junto a funcionarios de su Gobierno por supuesto cobro de coimas. (Fuente: Infobae)

La firma alemana había admitido el pago de sobornos en una licitación para la fabricación de los DNI de los argentinos. Con esta decisión, podría estar en juego el inicio del juicio oral para los empresarios involucrados, que ya estaba en marcha.

 

Fue uno de los escándalos de los años 90. La multinacional alemana Siemens admitió haber destinado millones de dólares en negro para obtener el contrato de fabricación de los DNI de los argentinos, a partir de 1994 y por espacio de 15 años. Aseguró que los destinatarios de esos pagos fueron funcionarios de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. Pero mientras los directivos que pagaron coimas ya podrían ir a juicio-, la parte de la causa que investiga a los funcionarios argentinos acaba de pasar al archivo. Los imputados en ese expediente son el ex presidente y senador Carlos Menem, el ex ministro Carlos Corach y el ex director de Migraciones Hugo Franco.

 

Si bien es cierto que las coimas se pagaron, durante todos estos años no hubo ninguna prueba contundente que permitiera acreditar quiénes recibieron ese dinero. Y ante la falta de respuestas internacionales a los reiterados exhortos a distintos países, el juez Ariel Lijo resolvió archivar el expediente por la imposibilidad de avanzar sin esa información clave. “De la documentación aportada no fue posible establecer la identidad de los ex funcionarios públicos argentinos que percibieron sobornos ya que sus nombres están cubiertos por la confidencialidad del acuerdo entre los acusados y el abogado del distrito norteamericano”, afirmó el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

 

Como al pasar, cuestionó a la Oficina Anticorrupción por “solicitar sistemáticamente” la indagatoria de Menem, Corach y Franco sin que hubiera pruebas concretas en el expediente y cuando debía ser el Estado el encargado de conseguir la información para identificar a los receptores de las coimas, y les pidió promover “medidas útiles y conducentes para el descubrimiento de la verdad”. Incluso, a través de la ley del arrepentido.

 

Lijo afirmó que “sería arbitrario e infundado acceder a las pretensiones de los acusadores” y aseguró: “el derecho penal únicamente castiga hechos” y “no se admiten los delitos que castiguen pensamientos, formas de ser o de conducirse en la vida”.

 

La Oficina Anticorrupción apeló la medida. También lo hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que actúa como impulsor del Estado porque el fiscal Eduardo Taiano había entendido que el caso debía cerrarse por prescripción. La defensa de los acusados, en tanto, tampoco respaldó el archivo: reclamó sobreseimientos.

 

Pero el último viernes la Cámara Federal confirmó la decisión, aunque resaltando que la investigación “no se ha cerrado” y que si aparece la información que se espera desde el exterior el caso podría reabrirse, indicaron a Infobae fuentes judiciales. El fallo podría ser crucial para el avance de la parte del caso que ya está en juicio oral contra los empresarios que sí fueron procesados por pagar las coimas. Es que el tribunal que iba a juzgarlos pidió esperar a un debate donde estuvieran también los que habrían recibido el dinero.

 

Pero por lo pronto, con esta decisión, pasa al archivo uno de los expedientes que llevan en su caratula el nombre del ex presidente y senador de 88 años. Su presente judicial, sin embargo, tiene preocupaciones más urgentes. La Corte Suprema de Justicia debe resolver si confirma la condena a 4 años y medio de cárcel en su contra por el pago de sobresueldos en su Gobierno y si revoca la absolución por prescripción en el expediente por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Este año, además, Menem fue condenado a 3 años y 9 meses por la venta del predio de la rural y absuelto en el juicio por el encubrimiento a la investigación del ataque contra la AMIA.

El caso. En 1998 nacía la causa “Siemens” para saber si hubo un pacto entre Siemens y funcionarios del Gobierno para quedarse con los DNI, a través del pago de coimas que la empresa justificó con contratos ficticios, facturas inventadas e intervención de sociedades. Según quedó acreditado, la suma totalizó 106.302.706 dólares, repartida entre 1998 y 2007, pese a lo cual el negocio nunca llegó a hacerse. En 2001, el Gobierno de De la Rua rescindió el contrato. Hubo una demanda por U$S 220 millones en tribunales internacionales, que fue retirada en 2009.

 

La causa tiene dos particularidades: primero que fue la propia Siemens la que confesó la coima ante la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, un órgano de control de las empresas que cotizan en Bolsa en ese país; segundo, que es una norma que impulso Carlos Menem lo que impide cerrar la causa en su contra pese al paso del tiempo.

 

¿Por qué? Porque en 1999, Menem, en el último tramo de su mandato, impulsó la ley de ética pública que estableció que los plazos de prescripción de una causa penal se interrumpían si había un funcionario público involucrado. Y con su situación, arrastraba a todos los otros imputados. Menem, en su rol de senador, es funcionario público y por lo tanto arrastró consigo la suerte de sus consortes y de los directivos de Siemens que, a diferencia de los ex funcionarios, sí fueron procesados, embargados y enviados a juicio.

 

La operatoria. Después de viajar dos veces a Alemania, para buscar información y para tomar indagatorias, el juez Lijo estableció en 2013 que “existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de obtener el proyecto del Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas de la República Argentina”.

 

Los funcionarios argentinos. La sospecha sobre Menem y sus funcionarios surgió cuando se filtró un escrito en la prensa alemana en donde solo había iniciales y números. Decía: “CC” US$ 9,75 millones; “HF” y una cifra similar; “CM”, US$ 16 millones y “CS” US$ 7,5 millones. La sospecha fue que los aludidos eran Corach, Franco, Menem y Carlos Sergi, un ex directivo de Siemens con vínculos con el menemismo.

 

Pero el juez entendió que, más allá de esas especulaciones faltaba información cierta para acreditar la identidad de los funcionarios públicos. No se pudo hacer a través de Estados Unidos por una vía de confidencialidad en el acuerdo de ese país, ni tampoco siguiendo la ruta del dinero para descubrir a nombre de quién estarían las cuentas por las que pasó la plata en bancos de Hong Kong o Emiratos Arábes.

 

En la resolución a la que accedió Infobae, firmada en los últimos días de febrero, el juez apuntó a esa falta de respuestas. “Teniendo en cuenta la complejidad del caso y las dificultades surgidas para la obtención de pruebas, solicité colaboración a la Unidad de Información Financiera, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina Anticorrupción”, dijo. Cancillería informó del estado de las rogatorias, la UIF lamentó no poder actuar por estar fuera de su competencia y la OA explicó que no contaba con las facultades para hacerlo.

 

Lijo vs. la OA. Sin embargo, el organismo que dirige Laura Alonso insistió en pedir las indagatorias de Menem, Corach y Franco, diciendo –resaltó Lijo- que el delito estaba “acreditado con creces”. De hecho, Alonso se había quejado en varias entrevistas de que no se concretaran esos llamados a declarar para el ex presidente. Pero el juez remarcó una vez más que la prueba no está y por lo tanto “bastaría” a los acusados “negar la participación en el hecho para desvincularse de él” porque no hay nada que acredite objetivamente cuánto dinero recibieron o a través de qué empresas. Puso además como ejemplo el caso de los directivos de SOCMA -empresa con la que Siemens tenía un acuerdo para la distribución de los DNI por correo- que también fueron llamados y exculpados.

 

“Sería arbitrario e infundado acceder a las pretensiones de los acusadores toda vez que fueron sustentadas sobre una presunción”, se añadió. “La hipótesis planteada por los acusadores se traduce en una ordalía que pretende que la acusación goce de validez por sí misma, sin necesidad de apoyarla sobre pruebas producidas en esta instancia”, disparó. “Una escasa actividad de los órganos estatales encargados de la acusación y las relaciones internacionales en materia de cooperación no puede suplirse con una decisión arbitraria por parte de la jurisdicción; no es esa la función a la cual fue llamada la magistratura en el Estado constitucional de derecho”, dijo Lijo. La decisión del juez, junto a las apelaciones de la OA, la PIA y las defensas, fue analizada por la Cámara Federal, que convalidó el archivo.

 

Ni indagatorias ni sobreseimientos: archivo. “Se desprende que los fundamentos desarrollados por el juez lucen razonables, encuadrando lo resuelto dentro de los márgenes de discrecionalidad que, como se dijo, detenta el magistrado instructor”, advirtió la Cámara Federal, según pudo saber Infobae.

 

El fallo señaló que “los acusadores -titulares de la acción pública- no han dado otras razones para sostener su pedido, ni sugirieron la producción de medidas de prueba que puedan resultar idóneas para esclarecer la incertidumbre expuesta por el Juez. Tampoco han rebatido las explicaciones brindadas por las defensas en reiteradas oportunidades, ni introducido un enfoque diferente en el análisis de las cuestiones controvertidas”.

 

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia afirmaron que “hasta tanto se reciba la información internacional solicitada vía exhorto -de momento trabada por falta de respuesta-, se confirmará la decisión cuestionada, aclarando que, en razón de sus efectos, nada obsta a que en caso de existir de aquí en más otras medidas viables, además de las señaladas por el instructor -cuya reiteración debe ser periódica-, se proceda al desarchivo del sumario, se continúe con la investigación y, de corresponder, volver los recurrentes a requerir la legitimación pasiva de los investigados”.

 

Aclararon, no obstante, que “en tanto la pesquisa no se ha agotado, tampoco corresponde hacer lugar al pedido de la defensa de modificar la solución adoptada, dictando el sobreseimiento de sus asistidos” y rechazaron el planteo de la querella para apartar al juez Lijo.

 

El Tribunal Oral Federal 3 tiene en sus manos el juicio oral contra más de una decena de empresarios e intermediarios que aparecerían ejecutando los pagos. El debate estaba frenado a la espera saber si podía incluir allí a los que recibieron el dinero. Fuentes judiciales indicaron que las defensas podrían pedir que el debate siga detenido a la espera de esas pruebas del exterior que hasta ahora nunca llegaron.