Es un gigantesco grupo empresarial. Se lo acusa de lavado de dinero. Un ex viceministro de Piñera, involucrado.

En una conmocionante decisión de fuerte impacto político, la justicia chilena ordenó ayer la prisión preventiva de un puñado de altos dirigentes empresariales y ex funcionarios entre ellos un ex viceministro del pasado gobierno de Sebastían Piñera. Es en el marco de un emblemático juicio por delitos tributarios, cohecho, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.

Los principales arrestados son Carlos Alberto Delano y Carlos Lavin, los dueño del grupo Penta, uno de los holdings más poderosos del país. De resultar culpables podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel. El magistrado a cargo decretó la misma medida para otros cuatro imputados, entre ellos Pablo Wagner, ex viceministro de Minería durante el mandato del presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014) que se hizo conocido durante el legendario episodio de los mineros. Y Hugo Bravo, el ahora ex gerente general del holding quien fue el que destapó la extraordinaria estafa.

Sin contemplaciones, los seis procesados tenían ordenes de ingreso inmediato a la cárcel Capitán Yaber, situada a sólo unos metros de los tribunales donde los imputados fueron informados por la mañana de la medida judicial.

La prisión preventiva pretende servir al “éxito de la investigación” dijo el magistrado Juan Escobar, tras escuchar durante tres días los alegatos en el Centro de Justicia de la capital chilena, donde la fiscalía acusó al grupo empresarial de ser “una máquina organizada para defraudar”.

El cuestionado holding es uno de los doce grupos económicos más grandes del país y tiene millonarios intereses en la banca, en seguros, en fondos de pensiones, instituciones de salud privados y en compañías inmobiliarias, entre otros.

A otro de los imputados en el caso, el ex senador y asesor de Penta Carlos Bombal, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el juez le prohibió salir del país. Además deberá acudir semanalmente a firmar a un tribunal para confirmar que no se ha escapado.

El caso estalló a mediados del año pasado después de que el entonces gerente general, el citado Hugo Bravo, fuera cesado en su cargo en la empresa en la que había trabajado durante más de treinta años. El motivo era una acusación ante los tribunales por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de haber obtenido devoluciones de tributos de forma fraudulenta de sus empresas personales.

El ex ejecutivo, de 69 años, demandó luego ante los tribunales laborales a los propietarios de Penta por despido injustificado y daño moral, al tiempo que les exigió una millonaria indemnización, pago que sus ex empleadores rechazaron. Furioso y frustrado el ejecutivo tiro de la manta que ocultaba el extraordinario escándalo.

Tras acudir a la justicia por su despido, Bravo, conocedor por su alto cargo y partícipe de lo que ocurría en el holding, no demoró en denunciar las millonarias contribuciones ilegales que hacía Penta principalmente a las campañas políticas de la UDI, el mayor partido opositor. La Fiscalía, justamente, tras revisar correos electrónicos y facturas de la firma, descubrió por ejemplo que los actuales senadores Iván Moreira y Ena von Baer, ambos de la UDI, demandaron pagos irregulares a Penta para sus campañas políticas de 2013.