Impulsa una bicameral sobre “cómplices” de la dictadura. La oposición quiere incluir casos de corrupción hasta 2014.

 

Con el dictamen ya firmado, el kirchnerismo dejó todo listo para llevar al recinto de Diputados un proyecto con el que vuelve a apuntarle al sector empresario, como ya lo hizo con la Ley de Abastecimiento. Se trata de la creación de una comisión bicameral para la pretendida “identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar”.

El oficialismo ya avisó que intentará aprobarla antes de fin de año, aprovechando la prórroga de las sesiones ordinarias. La novedad es que no se oyeron voces contundentes de rechazo al proyecto desde la oposición, que planteó en cambio extender las investigaciones a los casos de corrupción que salpicaron a los gobiernos democráticos. La iniciativa la presentó Héctor Recalde, fue acompañada por otros encumbrados legisladores K (Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel y los camporistas Andrés Larroque y Eduardo De Pedro, entre otros) y en comisión la defendieron Alejandro Vanoli –ahora titular del Banco Central, en ese momento al frente de la CNV– y el periodista oficialista Horacio Verbitsky.

El texto establece que la Bicameral estará compuesta por un presidente designado por el Ejecutivo, cuatro diputados y cuatro senadores, y tendrá como objetivo elaborar un informe (a publicar en 180 días) con una “descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”. Y en caso de advertir delitos, “formular las correspondientes denuncias ante la Justicia”. A su vez, la comisión “deberá instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a intereses o derechos individuales o colectivos”.