El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, presentó ante la Justicia Federal una denuncia penal contra titulares de la Fabrica Confecciones Riojanas S.A, debido a las irregularidades que afectan a los trabajadores despedidos de la firma. Además, luego de inventariar la empresa, se dispuso la clausura administrativa de la misma a fines de resguardar el capital.

En términos del art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación, se puso a disposición del juez Federal, todo lo actuado en sede administrativa (Secretaría de Trabajo), a fin de resguardar el derecho de los trabajadores de Confecciones Riojanas S.A, de percibir la indemnización que por ley les corresponde.

 

El ministro de Gobierno Alejandro Moriconi, como representante del Estado Provincial, expresó que se ha transgredido el principio de “buena fe” que debió permanecer siempre entre el empleador, el presidente de la empresa Sr. Horacio Dos Santos, y los empleados, pero esto no ha sucedido y, consecuentemente, se puso a disposición de la Justicia las pruebas ofrecidas (502 fojas) para que se determinen las medidas a adoptar y se resuelva conforme a derecho.

 

En este sentido, el ministro Alejandro Moriconi explicó que “al no tener respuesta por parte del presidente de la empresa, como de ninguno de los miembros de la misma, el Gobierno se vio obligado a requerir la información correspondiente a la AFIP a efectos de saber si a los trabajadores se les practicaba los descuentos correspondientes a contribuciones sociales, para ser acreditados y gozar del derecho que se ve plasmado en lo diario y en la jubilación”.

 

“La empresa hacia 16 meses que no llevaba a cabo ningún tipo de aporte, mientras que en los recibos de haberes de trabajadores figuraban los descuentos; ante esto tenemos la obligación legal de realizar denuncia ante juez federal debido a las irregularidades entre patrón y trabajadores”.

 

Por otra parte, desde el área de Gobierno se procedió a inventariar todos los bienes de Capital de la empresa, a los efectos de resguardar los mismos y garantizar su fuente laboral, que hoy les ha causado una situación de angustia tras tantos años de dedicación y esfuerzo de producción.

 

“Esperamos que se cumpla con los trabajadores, que cumpla con lo que él mismo – presidente – expresó en puño y letra al momento de despido, nosotros debemos resguardar el derecho de los trabajadores y ante esto se realizó la clausura administrativa de la empresa ya que es la única garantía real de los acreedores”, explicó.

 

Finalmente, expresó que será la Justicia quien deba determinar las responsabilidades que le caben a Sr. Dos Santos, ya que no hubo presentación de procedimiento de crisis, no se pudo constatar en sede administrativa la insolvencia de la empresa, solo existe una declaración simple de que la empresa no funcionaba bien desde su aspecto económico.