Más allá de pensar en cómo retener el liderazgo a partir del 10 de diciembre, María Eugenia Vidal está preocupada por el avance de varias causas judiciales y casos de corrupción que ocurrieron en su gestión pese a que el blindaje mediático se ocupó de que pasaran casi desapercibidos.

La más conocida es la de los aportantes truchos de Cambiemos. La justicia comprobó que al menos 500 personas figuraban como aportantes a la campaña de 2015 y 2017, con montos de entre 300 y 1.500 pesos, no sólo no habían hecho aportes sino que habían sido afiliados al PRO sin su consentimiento. Todos eran beneficiarios de planes sociales y, en su mayoría, de los barrios más pobres del Conurbano.

 

Los delitos que se atribuyeron a Vidal en esta causa son usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos y hasta lavado de activos, todos de índole penal. Pero el lobby de Cambiemos hizo que la causa, que estaba en medio de una disputa entre el fuero electoral y el penal, quedara en manos del juez que subroga la competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu. El magistrado no se expidió aún, aunque la ley es bastante clara: a Vidal y a María Fernanda Inza, tesorera del PRO bonaerense, les correspondería la inhabilitación de hasta 10 años para ejercer cargos públicos.

 

No está descartada la posibilidad de que la investigación vuelva al fuero penal. De hecho, la Cámara Nacional Electoral, al definir la cuestión de competencias que se planteó entre los jueces federales Kreplak y Ziulu, dictaminó que el traslado al fuero electoral “no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos”.

 

Otra causa que preocupa es la denuncia por sobreprecios en obras escolares. El caso se destapó el año pasado a partir de un audio filtrado de Mateo Nicholson, director de Infraestructura bonaerense, donde pedía “inflar” los presupuestos destinados a la licitación de obras. “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”, decía en el audio sin tapujos.

 

El caso fue cerrado por la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo por “falta de pruebas”, gracias al lobby del procurador general de la Corte, Julio Conte Grand. Sin embargo, tras la derrota de Vidal en las elecciones generales, aparecieron varios funcionarios de carrera de la cartera educativa dispuestos a dar información sobre el negociado.

 

La tercerización del IOMA es otro gran negocio de la era Vidal que fue denunciado por trabajadores y por la oposición y que podría terminar con la gobernadora dando explicaciones ante la Justicia. El convenio para informatizar IOMA fue suscripto con la empresa Provincia NET, que dirige el intendente de Vicente López, Jorge Macri, pese a la negativa de la Fiscalía de Estado y de otros organismos de control que advirtieron que era de “imposible cumplimiento”. Lo peor es que Provincia NET contrató, a su vez, a una tercera empresa llamada Conexia, con pésimos antecedentes en materia informática y en contratos con el Estado.

 

La oposición –que será oficialismo a partir del 10 de diciembre próximo- quiere saber quién está detrás de Conexia S.A. y por qué se le pagarán 16.500 millones para realizar tareas que podrían desarrollar los propios trabajadores del IOMA. Unidad Ciudadana realizó pedidos de informes que no fueron respondidos por Cambiemos.

 

Uno de los últimos casos que complican a la gobernadora es la denuncia penal que busca determinar si se pagaron obras que nunca fueron ejecutadas en cinco edificios del Poder Judicial. La presentación se conoció a horas de la elección y fue realizada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, a instancias del titular de la Suprema, Eduardo De Lázzari.

 

La denuncia impactó de manera directa sobre el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, porque la sospecha es que la cartera a su cargo desembolsó plata en base a certificados de avance de obras pese a que no se había realizado ningún movimiento. Uno de los casos denunciados ocurrió en La Matanza. Se trata de la obra del complejo del Edificio Fuero de Familia, que se certificó en su totalidad por 11.738.945 pesos a pesar de que “las tareas no se encuentran ejecutadas”. Esta causa podría convertirse en la punta de un iceberg demoledor para la mandataria saliente.