Mauricio Macri habría llevado adelante distintas presiones sobre el Poder Judicial para favorecer proyectos políticos o empresariales del Gobierno.

En el marco de las investigaciones sobre la persecución al grupo Indalo y la existencia de una presunta “mesa judicial” que durante el mandato de Mauricio Macri habría llevado adelante distintas presiones sobre el Poder Judicial para favorecer proyectos políticos o empresariales del Gobierno, la jueza María Romilda Servini pidió se investiguen los teléfonos personales del ex presidente para determinar su posible responsabilidad en la causa.

 

La magistrada libró una cédula judicial para que se investigue el entrecruzamiento de llamados entre Macri y los miembros de la presunta mesa judicial macrista realizados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. También solicitó a los tribunales federales de Lomas de Zamora, que investigan el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) bajo el macrismo, la certificación de las pruebas sobre las escuchas realizadas a Fabián De Sousa en el Penal de Ezeiza.

 

La causa que lleva Servini sobre la denunciada persecución del gobierno de Macri contra el grupo Indalo se titula “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”. Para avanzar en ese expediente, la jueza dispuso se realice el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Germán Cuccioli, así como también sus comunicaciones con los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.

 

El escrito de Servini solicita que además del entrecruzamiento se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados durante el período solicitado: “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”.

 

El objetivo de la jueza es establecer una posible correlación entre la persecución contra el grupo empresario denunciada por Fabián De Sousa y una serie de comunicaciones entre funcionarios y empresarios. Además del de De Souza, que hizo público su relato sobre aprietes directos por parte del ex presidente, otros testimonios en la causa ratifican presiones del gobierno de Cambiemos para definir el futuro de las distintas empresas del grupo.

 

El texto de la magistrada señala la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

 

Luego el texto añade: “Vale la pena remarcar que el querellante indicó que desde el Gobierno les habían hecho llegar la advertencia que si no eran transferidas las titularidades de los paquetes accionarios a quienes ellos designaban, las empresas se liquidarían; y que, a partir de ello, en septiembre de 2017 se iniciaron gestiones con Orlando Terranova – quien decía recibir instrucciones de Mario Eugenio Quintana, José María Torello y Nicolás Martín Caputo – para avanzar en la venta”, explica Servini, y agrega que “con el proceso de venta en curso y de manera imprevista, a comienzos del mes de octubre de 2017, Terranova les informó que por decisión del Poder Ejecutivo Nacional darían marcha atrás con la operación2, y que un día después les enviaron nuevos interesados en la adquisición del Grupo: Damián Burgio, Ignacio Jorge Rosner y Santiago Dellatorre Balestra”.

 

El texto de doce páginas de la jueza detalla presiones sobre empresas como la responsable de los peajes de la Ricchieri AEC S.A., el negocio de los juegos de azar en el Hipódromo Argentino de Palermo y el Casino Flotante y otras en manos del grupo de Cristóbal López y De Souza. Luego añade que “incluso en esas reuniones también se habrían expresado quejas respecto de la línea editorial que tenían los medios periodísticos de Grupo Indalo. Según López, tales quejas también eran realizadas de parte de sus socios, pues entendían que la presión ejercida por el Gobierno para que abonaran mayores impuestos estaba motivada en aquello”.